MEXICO (Pulso) — El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó que agentes de inteligencia rusos operan en México. Lo hacen bajo coartada de ser diplomáticos. Su objetivo: recopilar información sobre territorio estadounidense.
Según la fuente, Washington sostiene que este asunto ha generado fricciones con el gobierno mexicano durante varios años.
La presidenta reaccionó pidiendo a la cancillería —a cargo de Roberto Velasco— presentar un informe al respecto. La columna de El Financiero describe su respuesta como de «menor importancia».
Confirmado. No hubo declaración pública de urgencia ni convocatoria de crisis.
En paralelo, la UNAM enfrenta polémica por el repunte de puntajes perfectos en su examen de admisión 2026, el primero aplicado en línea. Por instrucción del rector Leonardo Lomelí, se elaborará un informe sobre el proceso. Una comisión técnica revisará datos, procedimiento y resultados.
En Tabasco, el secretario de Gobierno José Ramiro López Obrador —hermano del expresidente— pidió a los medios «no decir que se ha incrementado» la violencia. Citó estadísticas de reducción delictiva. Sin embargo, según la columna, días recientes registraron cuerpos desmembrados en bolsas en una ranchería del municipio de Centro y una cabeza humana abandonada en una hielera. El funcionario atribuyó la situación a una disputa entre La Barredora y el CJNG.
En el plano electoral, Jaime Bonilla, presidente del PT en Baja California, se reunió con Dante Delgado, fundador de MC. El encuentro ocurre a meses del arranque del año electoral.
El consejero del INE Martín Faz exigió emitir lineamientos para regular las pre-precampañas. Argumentó que la función constitucional del instituto «no es únicamente organizar elecciones, sino garantizar en todo momento condiciones de equidad, certeza e imparcialidad».
La acusación de Washington expone una fisura de seguridad nacional que el oficialismo prefiere minimizar. Un Estado que relativiza la presencia de inteligencia extranjera en su suelo —y que simultáneamente pide a la prensa no reportar violencia— envía una señal inequívoca: el aparato gubernamental prioriza la narrativa sobre la realidad. El costo lo pagan los ciudadanos y la relación bilateral.
