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Ecuador exige extradición a Venezuela y EEUU por el asesinato de Villavicencio y el caso 'Metástasis'

La Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente la entrega de Ronny Aleaga, refugiado en Venezuela, y Xavier Jordán, radicado en Miami. Ambos son investigados por crimen organizado y por la autoría intelectual del magnicidio.
Imagen ilustrativa
viernes 17 de julio de 2026 · 05:45 UTC

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador formalizó este jueves los pedidos de extradición. Venezuela debe entregar al exasambleísta correísta Ronny Aleaga. Estados Unidos debe entregar al empresario Xavier Jordán, residente en Miami.

Ambos son investigados en el caso «Metástasis». Ese expediente documentó la infiltración del crimen organizado en el poder judicial, la Policía y las cárceles del país.

El hilo conductor es Leandro «el Patrón» Norero. El narcotraficante fue asesinado en prisión en 2022. Según la Fiscalía, desde la cárcel financiaba a «Los Lobos», «Los Tiguerones» y los «Chone Killers». Dirigía además una red para obtener beneficios e impunidad dentro del sistema penitenciario.

El caso estalló a finales de 2023. Un operativo detuvo a alrededor de medio centenar de personas. Entre ellas, el exjuez y expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán y el general Pablo Ramírez, exdirector del SNAI. Ambos fueron condenados. Treinta personas han recibido sentencia hasta ahora.

El juicio contra Jordán, Aleaga y otros prófugos quedó suspendido. La extradición es el único camino para reactivarlo.

Además del caso «Metástasis», los dos figuran en la investigación por la autoría intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. El candidato presidencial fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en Quito. Faltaban once días para la primera vuelta electoral.

En esa causa también están imputados el exministro correísta José Serrano, detenido en EEUU; el empresario Daniel Salcedo; y tres cabecillas de «Los Lobos», incluido su líder Wilmer Chavarría, preso en España a la espera de extradición.

El cuadro es elocuente. El aparato estatal ecuatoriano fue penetrado de arriba abajo: jueces, generales, funcionarios carcelarios. Dos de los principales sospechosos del magnicidio más grave de la región en años recientes siguen libres, protegidos uno por el régimen de Maduro y otro por la distancia geográfica. La respuesta de Caracas a este pedido será la prueba más directa de su voluntad —o su complicidad— frente al crimen organizado transnacional.

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