COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. La firma de la Convención Colectiva de Trabajo entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) dejó una polémica de fondo.
La exsenadora María Fernanda Cabal denunció el hecho en X. Según ella, trabajadores de la compañía le alertaron sobre la maniobra. «Algunos trabajadores denuncian que los negociadores de la empresa se habrían autoconcedido, vía otrosí a sus contratos, un blindaje de estabilidad laboral por 6 años», escribió Cabal.
Alejandro Ospina, presidente de Utipec, confirmó los hechos. Calificó la negociación como «totalmente amañada». Según Ospina, entre 60 y 70 trabajadores que actuaron como negociadores por la administración recibieron estabilidad especial. Incluye directivos de la Vicepresidencia de Talento Humano. «Nunca antes se había generado un acuerdo de estabilidad laboral excepcional para los negociadores por parte de la empresa», afirmó. Su organización fue una de las tres que no firmó el acuerdo.
Ospina precisó que los otrosíes extienden esa protección hasta 2030 o 2031. Señaló que las actuaciones ya fueron puestas en conocimiento de autoridades laborales y judiciales.
Desde la USO, el tesorero Daniel Sossa respondió. Sostuvo que la cláusula es práctica habitual en negociaciones anteriores. Precisó que solo cubre a unos 70 funcionarios de los 9.800 de la planta. Sin embargo, admitió que «nunca antes ese fuero había alcanzado al cargo de vicepresidente o vicepresidenta de Talento Organizacional».
Cabal pidió a la nueva administración de Ecopetrol, su Junta Directiva, la Contraloría y la Procuraduría revisar «de inmediato» lo ocurrido.
Esto es lo que se sabe.
Pulso Global observa el cuadro con preocupación. Una empresa estatal negocia con dinero de los contribuyentes. Sus propios directivos negociadores se aseguran inamovilidad por seis años. El aparato queda blindado frente al próximo gobierno. Eso no es gestión laboral ordinaria: es captura institucional con cargo al erario. Las autoridades de control tienen la palabra.
