PANAMA (Pulso) — La Asamblea Nacional de Panamá debate el proyecto de ley 594. La norma reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI). Modifica al menos 25 de los 247 artículos de la Ley 49 de 1984.
El texto establece un descuento proporcional equivalente a un día de salario. Se aplica al diputado principal que falte injustificadamente al pleno. También al que no habilite a su suplente.
La coalición Vamos defiende la medida. Su líder, Juan Diego Vásquez, lo resumió en redes: «el que no va, que no cobre, aunque mande al suplente».
El diputado Alaín Cedeño (Realizando Metas) rechazó la propuesta. «No podemos burocratizar este Parlamento», dijo en el hemiciclo. Argumentó que la función legislativa se ejerce también en circuitos, comunidades y proyectos.
El diputado Osman Gómez, de la bancada Mixta, coincidió. Señaló que los legisladores del interior trabajan «los viernes, sábado y domingo» con circuitos y autoridades locales. Pidió modificar el texto para contemplar esa realidad.
El diputado Luis Eduardo Camacho (RM) ya había expresado antes su oposición. Sostiene que las funciones legislativas se desarrollan en reuniones comunitarias y fiscalización fuera de la sede.
El proyecto surgió de la unificación de 18 anteproyectos. El segundo debate continuó este lunes. A las 7:35 p.m. el vicepresidente Manuel Cohen decretó un receso hasta el martes. Al cierre quedaban al menos 15 diputados inscritos para intervenir.
En desarrollo.
Lectura editorial. El argumento de los opositores suena conocido: el funcionario público que resiste rendir cuentas siempre invoca responsabilidades invisibles. Un descuento por ausencia injustificada no es una «camisa de fuerza»; es el principio básico de que el dinero del contribuyente paga trabajo verificable. La coalición Vamos defiende aquí un principio de libre mercado aplicado al sector público: sin asistencia, sin pago. El rechazo oficialista revela el reflejo corporativo del aparato estatal ante cualquier mecanismo de control real.
