La Asamblea Legislativa aprobó la Ley 28 el 7 de julio de 1999. Su promesa era clara: ingreso por mérito, formación obligatoria, ascensos por concurso.
Veintisiete años después, el balance es agridulce. Así lo documenta un análisis publicado en La Prensa.
El texto señala que «la mayoría de los embajadores, cónsules y jefes de misión panameños no provienen de la carrera diplomática». Cifras presentadas ante la Asamblea Nacional confirman que apenas una fracción mínima pertenece al escalafón formal. El nombramiento político sigue siendo el camino más corto.
Un caso concreto ilustra la tensión. En octubre de 2024, el presidente José Raúl Mulino designó a su hermano José Javier Mulino Quintero como embajador en Portugal. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea levantó cuestionamientos de nepotismo. Mulino defendió la designación como «plenamente legal» y destacó la experiencia previa de su hermano en Costa Rica. La fuente confirma que nada en el episodio contradice la letra de la ley.
El análisis identifica dos vacíos adicionales. Primero, un régimen disciplinario con términos amplios: sanciona la desobediencia sin distinguir si la instrucción era legal, y equipara emitir juicios públicos contrarios a la Cancillería con causal de destitución. Segundo, la Comisión Calificadora —órgano que evalúa ingresos y ascensos— opera sin reglamento publicado. Sus criterios se transmiten por costumbre institucional, no por texto oficial.
El autor concluye que el déficit no está en el diseño legal sino en «la voluntad política de aplicarla con rigor».
Lectura editorial. Panamá invierte en representaciones diplomáticas que defienden intereses comerciales y construyen imagen país. Que esos cargos dependan de la cercanía con el gobierno de turno, y no de trayectorias evaluables con criterios públicos, es un costo directo para la calidad de la política exterior. Una burocracia sin reglas escritas es discrecionalidad pura: el opuesto del libre mercado de talento que la Ley 28 prometió instaurar. Veintisiete años de letra a medio aplicar son un lujo que la competitividad panameña no debería seguir pagando.
