La Corte Suprema de Justicia de Panamá enfrenta un llamado urgente de distintos sectores. El motivo: la demora en resolver el caso del proyecto Puerto Barú, en Chiriquí.
La inversión permanece suspendida sin fecha de resolución. Cada mes paralizado implica empleos no creados, impuestos no recaudados e inversiones que pueden migrar a otras jurisdicciones. Así lo señala el análisis publicado por La Prensa.
El antecedente es revelador. En noviembre de 2023, la Corte resolvió en pocas semanas las demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 406 de 2023, que aprobó el contrato de Minera Panamá. El contexto era de alta trascendencia nacional. Esa celeridad demuestra, según el documento, que el tribunal «posee la capacidad material y jurídica para decidir con rapidez» cuando lo considera prioritario.
La pregunta que surge es directa: ¿por qué casos de indudable relevancia económica e institucional permanecen años sin decisión definitiva?
El llamado de los sectores involucrados no exige un fallo favorable a ninguna parte. Exige que la Corte decida dentro de un plazo razonable. La tutela judicial efectiva, recuerda el análisis, comprende tanto el acceso a la justicia como una respuesta oportuna.
La demora también comunica. Comunica inseguridad. Y esa percepción erosiona uno de los principales activos de Panamá: su reputación como centro de inversión confiable.
La lectura de Pulso Global. La incertidumbre judicial es, en la práctica, una carga que paga el sector productivo. Un proyecto detenido no es un expediente en espera: son familias sin empleo, contratos sin firmar y capital que busca destinos más predecibles. Panamá compite por inversión con jurisdicciones que resuelven controversias con agilidad. Cada día de silencio institucional es terreno cedido. El presidente Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica como eje de atracción de capital. La Corte, con su demora, debilita ese pilar desde adentro. La independencia judicial no está reñida con la responsabilidad de resolver a tiempo.
