ARGENTINA (Pulso) — El Tribunal Oral Federal N°4 condenó este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y al exsecretario de Obras Públicas José López a cinco años de prisión por cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado. El caso: sobornos en la ampliación de los gasoductos Norte y Sur adjudicados a la empresa sueca Skanska.
Los jueces Jorge Gorini y Guillermo Costabel votaron por esa calificación. La tercera integrante del tribunal, María Gabriela López Iñiguez, votó en disidencia. Para ella, los condenados son culpables de negociaciones incompatibles con la función pública, no de cohecho. Agregó que no hubo fraude, porque un peritaje de la Corte determinó que no hubo sobreprecios. Ambas figuras prevén la misma pena de uno a seis años.
Según las fuentes, con esta sentencia De Vido suma su quinta condena penal. La Nación precisa que ya arrastraba cuatro. La única firme es la de la tragedia de Once, por la que cumple prisión domiciliaria en Zárate. López, recordado por intentar ocultar bolsos con millones de dólares en un convento, siguió el veredicto desde la cárcel.
El tribunal también ordenó el decomiso de 48 millones de pesos actualizables desde 2005: 34 millones por cohecho y 14 millones por fraude al Estado.
Otras condenas del fallo: Néstor Ulloa, exfuncionario del fideicomiso, recibió cinco años por cohecho pasivo. Mario Piantoni, máximo responsable de Skanska en la región, cuatro años por cohecho activo. Javier Azcárate y Gustavo Vago, cuatro años cada uno. Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero, Alfredo Grecco y Roberto Zareba, tres años de ejecución condicional. Diecisiete imputados fueron absueltos tras el desistimiento del Ministerio Público Fiscal.
La prueba central fue una grabación en la que Azcárate admitía ante el síndico Claudio Corizzo el pago de sobornos. En el audio, según la fuente, Azcárate afirmaba: «Fue un 5% de todos los contratos, divididos en un 3% a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos, más los costos de la operación». La Cámara de Casación avaló esa grabación como prueba luego de años de litigio sobre su validez.
Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de septiembre próximo.
Este veredicto llega casi veinte años después de la denuncia inicial. El aparato estatal kirchnerista usó contratos de obra pública —financiados con dinero de los contribuyentes— como canal de enriquecimiento privado. La condena confirma lo que una grabación reveló hace dos décadas: el precio de los gasoductos incluía un porcentaje fijo para los funcionarios. Que la justicia tarde no significa que no llegue; significa que el costo para el Estado fue real y nunca se recuperó.
