COLOMBIA (Pulso) — Abelardo de la Espriella confirmó que su posesión presidencial se realizará en una guarnición militar. «Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho, en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria, policías y soldados», declaró el presidente electo.
El anuncio abrió un debate jurídico inmediato. El artículo 192 de la Constitución exige que la transmisión de mando ocurra en el Congreso de la República o, en caso excepcional, ante la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del Senado, Lidio García, señaló que la propuesta podría ser viable. Condición: que se presente una proposición formal y obtenga autorización de Senado y Cámara de Representantes.
Los dos antecedentes históricos
Contra lo afirmado por De la Espriella, existen dos casos previos. El primero involucra a Tomás Cipriano de Mosquera. En 1861, tras capturar Bogotá militarmente, se autoproclamó Presidente Provisorio sin Congreso en funciones. En 1863 se posesionó ante la mesa directiva de una Asamblea Constituyente reunida en Rionegro, no ante un cuerpo bicameral.
El segundo antecedente es de 1950. Laureano Gómez Castro juró ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de la Carrera —hoy Casa de Nariño—. El Congreso no existía: el presidente Mariano Ospina Pérez lo había disuelto por decreto el 9 de noviembre de 1949. La imposición de la banda quedó en manos del presidente de la Corte, el doctor Domingo Sarasty.
Ambos casos respondieron a rupturas institucionales graves, no a decisiones de protocolo.
En el caso de De la Espriella, la ruta es distinta: el Congreso existe y funciona. La decisión final es del legislativo.
Pulso Global observa que el gesto de De la Espriella hacia las fuerzas de seguridad marca una ruptura simbólica con el petrismo, que gobernó con desconfianza abierta hacia la institución militar y policial. Que el nuevo mandatario ponga a policías y soldados en el centro de su investidura no es protocolo: es una señal de política pública. El orden, la seguridad y el respeto al Estado de derecho vuelven al centro del poder en Colombia.
