COLOMBIA (Pulso) — Abelardo de la Espriella confirmó este miércoles un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla como capital alterna de Colombia, además de Bogotá. El anuncio lo hizo durante el empalme regional celebrado en Montería.
«Se acabó el olvido, se acabó la desidia, se acabó el abandono centralista», declaró el presidente electo según la fuente.
La Constitución establece que Bogotá es la capital de la República. Por eso, la propuesta no puede aprobarse mediante ley ordinaria. Exige una reforma constitucional con ocho debates en el Congreso —dos vueltas en Senado y Cámara—, el doble de los requeridos por una ley común.
El gobernador Eduardo Verano señaló que se designaría la sede de la Segunda Brigada del Ejército, en el barrio Paraíso al norte de Barranquilla, como espacio de despacho presidencial. Según la fuente, los trabajos de modernización de ese inmueble podrían estar terminados antes del próximo 7 de agosto.
El politólogo Felipe Murillo, profesor de la Universidad Eafit, advirtió que la iniciativa «suena deseable, pero no necesariamente lo es por los retos que implica». Mover la estructura institucional radicada en Bogotá es, según Murillo, «como buscar mover una ballena encallada».
La doble operación administrativa implicaría destinar recursos adicionales para infraestructura, logística, seguridad y funcionamiento permanente de la Presidencia. El debate por costos ya comenzó con la ceremonia de posesión, que se trasladará al Cauca.
De la Espriella también confirmó sedes alternas de trabajo en Medellín y Cali. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció el Palacio Rafael Uribe Uribe. Además, el Gobierno entrante anunció el traslado de la sede principal de ProColombia a Medellín.
Esto contrasta con lo dicho por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, quien describió la agenda de reformas del nuevo gobierno como «escueta».
Lectura editorial. La descentralización del poder es un principio sano para un país tan centralizado como Colombia. Pero el costo real para los contribuyentes de mantener una doble —o cuádruple— operación presidencial es una pregunta legítima que el Gobierno entrante debe responder con cifras, no con retórica. Ocho debates constitucionales son una valla alta; la voluntad política no basta. Lo que está en juego es si el símbolo regional se convierte en reforma real o en gasto burocrático duplicado.
