COLOMBIA (Pulso) — El presidente electo Abelardo de la Espriella recibirá un panorama fiscal cargado de presiones inmediatas. Así lo advierte el informe de empalme entregado por el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila, a su sucesor designado, Miguel Gómez. La información fue publicada por Revista Semana.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha señalado en varias ocasiones que el ajuste necesario para cumplir la meta de déficit ronda los 32 billones de pesos. El documento reconoce que existen medidas «implícitas» de recorte o aplazamiento de gasto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Falta, según el informe, aplicarlas.
El capítulo de salud es uno de los más urgentes. Faltan 1,5 billones de pesos para los presupuestos máximos del sistema. Sin esos recursos, el flujo hacia la red prestadora y la entrega de medicamentos para enfermedades de alto costo quedan en riesgo.
La salud de los maestros también llega en rojo. La Fiduprevisora advierte necesidades adicionales de entre 1,2 billones y 1,7 billones de pesos. El Fomag cerró el año pasado con un patrimonio negativo de 3,1 billones.
Otra cuenta pendiente involucra a Ecopetrol. El Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para pagar a la petrolera 684.000 millones de pesos por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No hacerlo, advierte el informe, podría afectar la calidad crediticia de la compañía.
El presupuesto de 2027 depende de una reforma tributaria que busca recaudar cerca de 22 billones de pesos. Si no se aprueba, el techo de gasto tendrá que reducirse. A eso se suma el conflicto con las regiones: el Congreso aprobó aumentar los giros del Sistema General de Participaciones, pero la ley que redistribuye competencias sigue estancada.
El informe recomienda convertir esa norma en prioridad legislativa para De la Espriella.
Esto es lo que se sabe: el nuevo Ejecutivo hereda no solo cuentas por pagar, sino decisiones estructurales que el gobierno de Gustavo Petro dejó sin resolver. Los gremios del sector salud han sostenido que la UPC estuvo subestimada durante la administración saliente, lo que habría contribuido al deterioro financiero del sistema. El costo de ese desorden recaerá ahora sobre los contribuyentes colombianos y sobre la gestión de De la Espriella. La libre empresa y la estabilidad fiscal exigen que el nuevo equipo actúe sin demora.
