COLOMBIA (Pulso) — Abelardo de la Espriella toma posesión este viernes como presidente de Colombia. Llega sin experiencia política previa. Sus posiciones, en cambio, son firmes.
En seguridad, dio un ultimátum a grupos armados: sometimiento a la justicia o fuerza militar. Ha prometido bombardear campamentos «narcoterroristas», fumigar hectáreas de coca y construir megacárceles. Rechaza cualquier negociación con grupos armados y critica la Jurisdicción Especial para la Paz.
También anunció que Colombia se unirá al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Donald Trump. Participan ya Perú, Ecuador y El Salvador, según la fuente.
En política exterior declaró afinidad por Trump. Anunció el cierre de embajadas en Cuba y Nicaragua, a cuyos gobiernos califica de «tiranías». Su canciller designado, Omar Bula Escobar, exfuncionario de la ONU, se declara cristiano y prooccidental. En entrevista con Semana, De la Espriella no descartó retirar la representación colombiana de la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumentó que «no habían traído beneficios a Colombia, sino gastos».
Los contrapesos son reales. De la Espriella gobernará sin mayoría en el Congreso. La oposición representa casi la mitad del electorado. Politólogos consultados por la fuente advierten que varias propuestas «son más eslóganes que políticas concretas», según Yann Basset, de la Universidad del Rosario. El investigador Héctor Galeano señala que no existen documentos que detallen cómo se ejecutarían los planes de seguridad.
Su movimiento, Defensores de la Patria, es calificado de «extrema derecha» por la oposición. El propio De la Espriella define su ideario como de «extrema coherencia».
Lectura editorial. Colombia eligió un giro nítido: del experimento estatista de Petro al orden, la inversión y el libre mercado. La agenda de De la Espriella prioriza lo que el petrismo ignoró cuatro años: seguridad real, alianzas con democracias de mercado y cero complacencia con regímenes autoritarios. El reto no es la dirección, sino la ejecución. Un Congreso fragmentado y propuestas aún sin hoja de ruta concreta son los primeros obstáculos para convertir los eslóganes en política de Estado.
