ESPAÑA (Pulso) — Confirmado. La tensión en Ceuta se incrementó en las últimas semanas. Los incidentes se multiplicaron desde finales de julio, según la fuente.
La Policía Nacional intervino en numerosos hechos alrededor de los asentamientos de inmigrantes ilegales. En una de las noches de mayor tensión en septiembre, ocho personas fueron detenidas por robos con violencia, lesiones y amenazas. Dos personas resultaron heridas por arma blanca.
A comienzos de septiembre, 21 ciudadanos marroquíes fueron identificados después de que una patrulla militar y agentes de la Guardia Civil fueran apedreados cerca de la playa del Trampolín. No se registraron heridos. Los identificados regresaron luego a Marruecos de manera voluntaria, según Interior.
La crisis también expuso la falta de capacidad de alojamiento. El 18 de septiembre, las autoridades trasladaron a unos 1.700 inmigrantes desde las playas hacia un campamento temporal en el puerto. Alrededor de 3.000 personas quedaron fuera por falta de espacio y regresaron a las playas.
Fuentes locales también informaron de incendios y peleas durante la noche. Residentes de zonas próximas denunciaron ruido constante de sirenas y enfrentamientos.
La Policía y la Guardia Civil mantienen dispositivos reforzados en las zonas donde se concentran los inmigrantes. Las autoridades siguen trabajando para ampliar la capacidad de alojamiento y determinar la situación administrativa de quienes permanecen en Ceuta.
La foto que deja Ceuta es clara: más presión para las fuerzas de seguridad y más desorden para los vecinos. Cuando el Estado no tiene capacidad suficiente, la convivencia paga la factura.
También queda en evidencia el costo de una gestión improvisada. El alojamiento saturado, los asentamientos y la falta de plazas convierten la crisis migratoria en un problema de orden público y de dinero de los contribuyentes.
