COSTA RICA (Pulso) — Cuatro representantes del Poder Judicial no se presentaron. La reunión era la primera sesión del Consejo Nacional de Seguridad, convocada por el Ejecutivo para analizar la estrategia contra el crimen organizado.
Las sillas vacías correspondían al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre; la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano; el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez; y el director interino del OIJ, Michael Soto Rojas. Según la mandataria, Díaz y Soto habían confirmado asistencia previamente.
La presidenta Laura Fernández fue directa. «Estas sillas vacías reflejan el no interés por resolver desde la raíz los problemas de seguridad», afirmó. Agregó que el desplante «no me lo hacen a mí», sino al pueblo costarricense.
Fernández atribuyó la ausencia al recorte presupuestario aprobado para el Poder Judicial. «Se puede colegir perfectamente que es un berrinche por el tema del recorte», dijo. Señaló que la austeridad alcanzó también al Ejecutivo, la Contraloría, la Defensoría y la Asamblea Legislativa.
El Consejo está contemplado en la Constitución Política y en la Ley General de Policía. Fernández indicó que la participación de sus integrantes es una obligación legal. Anunció que podría analizarse una denuncia por incumplimiento de deberes.
El Poder Judicial, según el oficio enviado por Aguirre, justificó la ausencia argumentando que varios temas de la agenda correspondían a competencias jurisdiccionales propias.
En la sesión se revisaría un paquete de seis proyectos de ley en seguridad ya enviados a la Asamblea. El Ejecutivo planea presentar entre ocho y nueve proyectos adicionales el 27 de julio. También estaban previstos análisis sobre filtraciones de información y coordinación policial.
Fernández reprochó además que la magistrada Solano participe en manifestaciones públicas en lugar de asistir al Consejo.
Lectura editorial. El aparato judicial costarricense acaba de enviar una señal peligrosa: la institucionalidad se negocia según el presupuesto. Ausentarse de un órgano constitucional de seguridad —mientras el crimen organizado avanza— por un desacuerdo fiscal es anteponer el interés corporativo al orden público. El contribuyente costarricense merece una justicia que se presente a trabajar, no que haga huelga de sillas.
