COLOMBIA (Pulso) — La Corte Suprema de Justicia ratificó que Jorge Ignacio Pretelt Chaljub continuará cumpliendo su condena. La decisión quedó en el auto AEP 105 de 2026. La Sala Especial de Primera Instancia confirmó la resolución que le negaba la libertad condicional.
Pretelt fue condenado en 2019 a 78 meses de prisión por concusión. La justicia estableció que solicitó 500 millones de pesos al abogado Víctor Pacheco Restrepo. El objetivo, según el expediente: influir en una tutela relacionada con Fidupetrol. Aprovechó su cargo como magistrado de la Corte Constitucional.
Actualmente ha ejecutado el 66,17% de la condena. Acumula 51 meses y 18,5 días de pena cumplida. De esos, 38 meses y cuatro días son privación efectiva de libertad. Los restantes 13 meses y 14,5 días corresponden a redención por estudio, trabajo y enseñanza. Desde el 26 de diciembre de 2024 cumple la condena en detención domiciliaria.
El INPEC emitió concepto favorable. No registra sanciones disciplinarias. Desarrolló trabajos de recuperación ambiental y escribió un texto de cerca de mil páginas sobre el departamento de Córdoba.
La Corte fue explícita: «la libertad condicional no constituye una consecuencia automática del cumplimiento del requisito temporal ni de la concurrencia de circunstancias favorables». El tribunal agregó que su conducta «produjo una intensa afectación a la confianza pública y a la imagen institucional de la administración de justicia». Ese peso determinó el fallo.
Para la Sala, el proceso de reintegración social de Pretelt aún no alcanza el nivel requerido. La condena continúa.
Lectura editorial. Un exmagistrado que vendió su toga merece exactamente esto: que la justicia no regatee con el tiempo. El caso Fidupetrol no es un delito menor; es corrupción en la cima del poder judicial, el lugar donde los ciudadanos depositan su última confianza. Que el tribunal haya resistido la tentación de la libertad anticipada —con buen comportamiento de por medio— es una señal de que el estado de derecho puede funcionar cuando no cede a la presión. Colombia necesita más autos como el AEP 105 de 2026 y menos indulgencias institucionales.
