COLOMBIA (Pulso) — La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Gloria Arizabaleta, exrepresentante que presidía la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara. La decisión revive dudas sobre la sesión del 17 de diciembre de 2025.
Esa jornada, la agenda fue modificada poco antes de iniciar. Los primeros asuntos pasaron a ser, casi en exclusiva, expedientes relacionados con el presidente Gustavo Petro. Se archivaron 17 denuncias contra el mandatario saliente.
Antigüos integrantes de la comisión reconocen que quien la presidía tenía facultad de definir el orden del día. Sin embargo, sostienen que concentrar una sesión casi íntegramente en un solo investigado no era la práctica habitual.
El auto de la Corte cita el testimonio del abogado Alejandro Carranza, defensor de Petro. Según el documento, Carranza sostuvo un almuerzo con Arizabaleta y el entonces secretario Jairo Corzo entre octubre y noviembre de 2025 —semanas antes de la sesión cuestionada—. En ese encuentro, según la Corte, Arizabaleta habría planteado que Carranza sirviera de enlace con el Gobierno para facilitar acercamientos con integrantes de la comisión.
Según el auto, esa gestión estaría orientada a lograr el cierre de los procesos antes de un eventual cambio de gobierno.
El expediente también registra un giro político de Arizabaleta. En diciembre impulsó el archivo. Entre febrero y junio adoptó una postura más crítica frente al Ejecutivo. La Corte investiga si ese cambio coincide con presuntas disputas por cargos burocráticos.
La entonces representante Katherine Miranda anunció que no asistiría a la sesión del 17 de diciembre y dejó constancia de lo que consideró una irregularidad. El senador Hernán Cadavid calificó la agenda como «desproporcionada» y se abstuvo de participar.
La investigación continúa en desarrollo.
Pulso Global observa que el patrón es claro: un aparato estatal operando para blindar a su propio jefe antes de abandonar el poder. El uso de la agenda legislativa como herramienta de protección política —si se confirma— no es burocracia menor: es la captura del mecanismo de control por quienes debían ejercerlo. El costo lo paga el estado de derecho.
