PERU (Pulso) — La Corte Suprema de Perú rechazó este miércoles el recurso de apelación de la defensa del expresidente Pedro Castillo. Confirmó la ampliación de su prisión preventiva por 12 meses adicionales.
La medida rige desde el 9 de marzo de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027. Castillo ya cumple una condena de 11 años y 5 meses en el Penal de Barbadillo por su fallido golpe de Estado.
La Sala Penal Permanente declaró «infundado» el recurso. Afirmó que el peligro de fuga está «vigente» y «agravado». El arraigo domiciliario del exmandatario fue calificado de «incierto».
El argumento central: la esposa e hijos de Castillo se encuentran asilados por el Gobierno mexicano. Según el documento judicial, «el arraigo familiar no está probado». El tribunal agregó que existen «facilidades de apoyo extranjero» que debilitan cualquier arraigo.
Castillo es investigado por organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión durante su mandato. La investigación es catalogada como «macroinvestigación». Involucra a más de 90 investigados y expedientes técnicos en múltiples municipios del país.
Según La República, los presuntos ilícitos incluyen compra de biodiésel en Petroperú, sobornos en la licitación del Puente Tarata III y un decreto de urgencia que habría favorecido obras en municipios específicos.
Confirmado. La justicia peruana sostiene su postura sin ceder a la presión de la defensa.
Para Pulso Global, el fallo envía una señal clara: las instituciones del país resisten el intento de blindar a un exmandatario acusado de corrupción sistémica. El asilo mexicano a la familia Castillo no es un dato menor; es el eje que el tribunal usó para sostener el riesgo de fuga. Que un gobierno extranjero facilite ese paraguas complica la narrativa de persecución política que esgrime la izquierda regional. El estado de derecho, en este caso, funcionó.
