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Corte Suprema confirma 18 meses más de prisión preventiva para Andrés Hurtado en caso «Barras de Oro»

La Sala Penal Permanente declaró «infundado» el recurso de la defensa. El exconductor permanece en Lurigancho mientras la justicia avanza contra la corrupción vinculada a funcionarios públicos.
Imagen ilustrativa
domingo 19 de julio de 2026 · 12:43 UTC

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la ampliación de prisión preventiva por 18 meses para el exconductor Andrés Hurtado. La medida se aplica dentro del proceso penal denominado caso «Barras de Oro».

El tribunal declaró «infundado» el recurso de apelación presentado por la defensa. La resolución respaldó la decisión emitida el 12 de marzo por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, según la fuente.

La Corte sostuvo que la prolongación es una medida «idónea, necesaria y proporcional». Su objetivo: asegurar los fines del proceso y garantizar la presencia del investigado.

La acusación comprende presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado.

Según la investigación fiscal, Hurtado habría intervenido en el supuesto pago de una coima. El empresario Javier Miu Lei habría entregado ese pago para que la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta intercediera en la devolución de barras de oro incautadas durante 2020.

El expediente incorpora otros dos hechos bajo investigación. La Segunda Fiscalía de Lavado de Activos también abrió diligencias preliminares sobre presuntos bienes y movimientos patrimoniales atribuidos a Hurtado.

El caso se inició públicamente el 2 de septiembre, cuando Hurtado habló en televisión sobre sus contactos con una fiscal y con una autoridad de Migraciones. El 19 de septiembre, agentes de la Diviac ejecutaron su detención preliminar en una clínica de la avenida Las Artes.

Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho. El proceso continúa bajo medidas cautelares vigentes.

La resolución es una señal clara: el aparato judicial peruano mantiene bajo custodia a un investigado con presuntos vínculos en el sistema de justicia y la burocracia estatal. Para quienes defienden el estado de derecho y la propiedad pública, que el proceso avance sin interferencias es el mínimo exigible. El riesgo real no es la prisión preventiva; es que la red de influencias documentada en el expediente haya operado durante años sin consecuencias.

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