COLOMBIA (Pulso) — La Corte Suprema de Justicia decidió inhibir y archivar la investigación contra el exsenador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador.
El tribunal no encontró evidencias para vincularlo al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Trujillo había resultado salpicado por coincidencias geográficas y laborales con Olmedo López, exdirector de la UNGRD e involucrado en el caso. Ambos son de Itagüí, estudiaron en la misma universidad y trabajaron en la alcaldía de ese municipio. El exsenador calificó esos vínculos de «simples coincidencias».
Según Trujillo, el actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, habría reconocido ante la Corte que no posee pruebas documentales sobre una relación del exsenador con el escándalo. Trujillo atribuyó las acusaciones a «contradictores políticos» que construyeron, según dijo, «un relato que no existía».
«Dato mata relato», afirmó Trujillo en entrevista con SEMANA. Anunció acciones legales contra quienes lo acusaron.
El exsenador explicó que guardó silencio durante más de tres años «por respeto a las instituciones» y para no presionar la investigación.
Lectura de Pulso Global. El fallo es una señal de alerta sobre el uso del aparato estatal y las redes sociales como herramientas de demolición política. Según los hechos documentados, un funcionario del gobierno Petro —Carrillo— señaló públicamente a Trujillo sin contar con pruebas documentales, extremo que el propio Carrillo habría admitido ante la Corte. Cuando el Estado acusa sin evidencia, el daño reputacional llega primero; la reparación, años después. Eso no es justicia: es instrumentalización.
