ARGENTINA (Pulso) — El Boletín Oficial de la provincia de Córdoba oficializó la creación del Fondo Provincial de Capital Emprendedor, destinado al financiamiento de proyectos tecnológicos y empresas de base innovadora. El gobernador Martín Llaryora promulgó la ley número 11.125 mediante el decreto número 58.
El presupuesto estipula recursos de hasta 10.000 millones de pesos para el ejercicio de 2026. El mecanismo: la derivación de hasta el 0,5% de los ingresos percibidos por el impuesto a los ingresos brutos. Las arcas públicas podrán absorber también donaciones privadas e inversiones de organismos de crédito nacionales e internacionales con convenios vigentes.
Las modalidades de asistencia prevén préstamos financieros, reintegros parciales y subsidios directos, todos bajo auditoría constante. Un comité de inversión analizará cada postulación. Un consejo asesor conformado por especialistas del ámbito empresarial y académico emitirá recomendaciones técnicas de carácter no vinculante.
El poder ejecutivo designará en el corto plazo a la autoridad de aplicación encargada de dictar los manuales operativos. Las empresas interesadas deberán adecuar sus estatutos según los requisitos de innovación fijados en los pliegos normativos.
Confirmado. La iniciativa articula el sistema científico-técnico provincial con los sectores industriales de las economías regionales.
Lectura de la casa. El esquema tiene un lado auspicioso: canaliza capital hacia libre empresa e innovación productiva, con coinversión privada y controles legislativos. Sin embargo, el financiamiento vía impuesto a los ingresos brutos —uno de los tributos más distorsivos para las pymes— recuerda que el dinero del fondo no cae del cielo: lo pagan contribuyentes cordobeses. La eficacia real dependerá de que el comité de inversión opere sin captura política y de que la autoridad de aplicación —aún sin designar— no convierta los «manuales operativos» en nueva burocracia. El modelo de coinversión con auditoría es la apuesta; la transparencia prometida, la prueba.
