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Consejo de Estado pide pruebas penales a la Corte Suprema para hundir la investidura de Racero

La Sala Plena incorpora al proceso de pérdida de investidura las evidencias del caso penal por el escándalo del «fruver». El congresista del Pacto Histórico enfrenta ahora un frente judicial más amplio.
Imagen ilustrativa
jueves 16 de julio de 2026 · 12:25 UTC

La Sala Plena del Consejo de Estado dio un giro al proceso de pérdida de investidura contra David Racero. El consejero ponente Nicolás Yepes Corrales ordenó oficiar a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. El objetivo: obtener copia de todas las pruebas recaudadas en la instrucción penal contra el representante.

El caso gira en torno al «fruver». Según la investigación, Racero habría dispuesto de Jhon Leonardo García Lara, vinculado a su Unidad de Trabajo Legislativo, para trabajar en un negocio de frutas y verduras de su propiedad en Bogotá.

Los solicitantes fueron dos estudiantes de derecho: Samuel Ortiz y Lucas Durán Hernández. Pidieron incorporar las pruebas penales al proceso de investidura. El magistrado Yepes Corrales aceptó esa petición.

El togado rechazó otras solicitudes. No autorizó recuperar chats de WhatsApp vía Meta, cotejo de voces ni repetición de evidencia ya rechazada. Solo aceptó el traslado de las pruebas de la Corte Suprema.

El argumento jurídico: esas pruebas corresponden a hechos sobrevinientes. Fueron obtenidas después de cerrada la etapa probatoria original. Eso habilita su incorporación en segunda instancia.

Racero rindió indagatoria ante la Corte Suprema. Según fuentes citadas por Semana, la diligencia duró cinco horas. El congresista declaró: «Yo soy el más interesado en que esto se resuelva». Fue reelegido para el próximo periodo legislativo.

La decisión final sobre su investidura aún no se ha producido. El Consejo de Estado ahora valorará el expediente penal antes de resolver.

Lectura editorial. El caso Racero ilustra un patrón conocido en el petrismo: el aparato estatal como extensión de intereses privados. Un funcionario público contratado con dinero del contribuyente, presuntamente destinado a atender un negocio personal. Que dos estudiantes de derecho hayan impulsado esta pieza procesal clave dice más del estado del sistema que cualquier discurso oficial. La pregunta que queda: ¿llegará la sanción antes de que el próximo periodo legislativo blinde políticamente al congresista?

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