CHILE (Pulso) — El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió a trámite una reclamación contra Barrick Gold. La presentó la Comunidad Indígena Diaguita Alta Cordillera el 3 de julio.
El blanco es el proyecto «Prospección Minera El Alto», de Compañía Minera Nevada Spa, filial de Barrick. La Comisión de Evaluación de Atacama aprobó su Declaración de Impacto Ambiental el 30 de enero. El director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, rechazó cinco recursos administrativos —uno de la comunidad— el 30 de junio.
La comunidad pide dejar sin efecto esa resolución y la RCA. Su argumento central: Pascua Lama recibió clausura total y definitiva el 17 de enero de 2018. La Superintendencia del Medio Ambiente la impuso. El mismo tribunal y la Corte Suprema la ratificaron.
El proyecto autoriza 43 plataformas de sondaje en 212 hectáreas. Superficie efectiva con obras: 5,04 hectáreas. Inversión estimada: US$35 millones. Plazo: dos años, en dos temporadas de septiembre a mayo. Ubicación: Alto del Carmen, Atacama, a 150 km al suroriente de Vallenar, en el límite con Argentina.
En 2021 la Corte Suprema ya bloqueó sondajes similares de la misma compañía. Los declaró «a todas luces incompatibles» con el plan de cierre, según recoge la reclamación. La comunidad sostiene que el nuevo proyecto autoriza «exactamente aquello» bajo otro nombre.
También denuncia fraccionamiento: se tramita en paralelo la DIA de prospección y un EIA de cierre de Pascua Lama. Objeta además la evaluación de impactos sobre la criósfera, el patrimonio arqueológico y sitios de significación cultural. Reclama que el proyecto debió incluir consulta indígena formal.
Confirmado. El caso está en desarrollo.
Lo que está en juego es el principio de seguridad jurídica para la inversión minera. Una clausura firme debe ser firme: si los tribunales permiten reencauzar el mismo proyecto bajo distinto nombre, el valor de cualquier resolución ambiental queda en entredicho. Eso no protege a las comunidades ni a las empresas que invierten con reglas claras. El fallo que dicte el tribunal marcará precedente sobre hasta dónde llega la fuerza de una sanción ambiental definitiva.
