PERU (Pulso) — Lima, 25 de julio. La presidenta electa Keiko Fujimori recibirá este sábado un informe de transferencia elaborado por la comisión de Fuerza Popular. Según fuentes citadas por el programa Ocurre Ahora, el documento identifica presuntas irregularidades en varios ministerios.
Fujimori lo anticipó en reunión con embajadores de la Unión Europea. El Estado le está siendo entregado «de manera catastrófica», afirmó según un video publicado en TikTok.
Educación: materiales sin mover. El informe advertiría que alrededor de 500.000 kits escolares permanecen almacenados sin distribuir. Adquiridos con recursos públicos, no llegaron a estudiantes vulnerables. El gobierno saliente, según la comisión, no habría gestionado el presupuesto para su distribución.
Además, domos educativos valorizados en más de 19 millones de soles siguen en instalaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), sin instalarse.
Salud: fármacos vencidos. El reporte señala medicamentos vencidos no distribuidos a tiempo. Entre ellos, tratamientos para pacientes con VIH. La comisión detectó fármacos con fecha de vencimiento 2024 en hospitales de Talara y Paita.
Burocracia en expansión. El documento también advertiría sobre oficinas con hasta 20 asesores de altos salarios. La planilla estatal habría crecido desde 2021, con aumento de contrataciones por locación de servicios.
La comisión cuestionó además la designación de un nuevo viceministro de Trabajo. Fuerza Popular había solicitado suspender nombramientos durante el proceso de transferencia.
El nuevo gobierno asume el 28 de julio. Las observaciones deberán ser corroboradas por autoridades competentes, que determinarán si corresponde abrir investigaciones administrativas o judiciales.
Confirmado. En desarrollo.
Lo que revelan estos hallazgos —si se corroboran— es el costo real del aparato estatal sin rendición de cuentas: dinero de los contribuyentes inmovilizado en bodegas, pacientes sin medicamentos y una planilla inflada que nadie auditó a tiempo. Fujimori hereda una administración pública sobredimensionada. La pregunta no es solo cuánto costó el desorden, sino quién responderá por él.
