COLOMBIA (Pulso) — Joan Sebastián Durán Guerrero, 26 años, oriundo de Bucaramanga, murió el lunes 13 de julio en Biddeford, Maine. Un agente del ICE le disparó durante un operativo migratorio. Dejó esposa e hija de 3 años.
Organizaciones de derechos de inmigrantes confirmaron a CNN que Durán contaba con autorización legal para trabajar en Estados Unidos y tenía asignado un número de Seguro Social.
Versión oficial vs. testigos. El ICE sostuvo que sus agentes vigilaban la residencia de un migrante con orden de deportación vigente. Según la agencia, Durán intentó escapar con su vehículo y un oficial abrió fuego al percibir amenaza. La Fiscalía de Maine respaldó inicialmente esa narrativa. Sin embargo, grabaciones de transeúntes contradicen ese relato. Daniel Boucher, vecino de 71 años presente en el lugar, describió a un agente arrastrando a Durán fuera del vehículo mientras perdía sangre por una herida en la cabeza.
Reacción política en Colombia. La representante a la Cámara Cathy Juvinao radicó solicitud formal ante el Gobierno y la Cancillería colombiana. Exigió acceso a la investigación judicial, resultados de autopsia y material audiovisual, invocando el artículo 36 de la Convención de Viena. «La migración no es un delito, y mucho menos uno castigado con la pena capital», escribió Juvinao. El presidente Gustavo Petro también calificó el hecho de «asesinato» y dijo esperar un mensaje de Donald Trump.
El caso permanece en desarrollo. Las autoridades judiciales de Maine no han concluido su investigación.
Confirmado: los hechos centrales aún no están esclarecidos. Lo que sí es claro es que un hombre con permiso de trabajo válido murió antes de que cualquier proceso legal determinara su situación migratoria. Ese es el principio en juego: el debido proceso no es un privilegio, es una garantía mínima. Las imágenes ciudadanas exigen respuestas; la diplomacia colombiana tiene la obligación de reclamarlas con evidencia, no solo con declaraciones.
