COLOMBIA (Pulso) — Un colombiano de 26 años murió baleado este lunes en Biddeford, Maine, durante un incidente en el que participaron agentes del ICE. El FBI confirmó que investiga los hechos. La gobernadora Janet Mills indicó que la policía estatal trabaja con autoridades federales.
Un testigo, Lucas Scott, declaró a medios locales haber escuchado al menos cuatro disparos. Vio a varios agentes del ICE rodear un vehículo blanco.
Las organizaciones Maine Immigrants Rights Coalition y Presente Maine identificaron a la víctima como un hombre colombiano de 26 años, sin revelar su nombre. Según ambas organizaciones, tenía permiso de trabajo en Estados Unidos.
«No dejaremos que esta muerte se reduzca a un pie de página en las estadísticas de aplicación de la ley», dijo Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente Maine.
El alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, exigió respuestas claras. El Departamento de Seguridad Nacional no emitió comentarios de inmediato.
El incidente se produce días después de que un agente del ICE matara a Lorenzo Salgado Araujo, obrero de la construcción mexicano, durante un control de tránsito en Houston, Texas. Según el gobierno mexicano, al menos 17 ciudadanos mexicanos han muerto en operaciones del ICE o en centros de detención desde el año pasado. Tres de esas muertes ocurrieron en operativos directos del ICE, según el canciller Roberto Velasco.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum presentó formalmente una denuncia penal ante la fiscalía estadounidense este lunes. También envió denuncias a fiscalías estatales y cartas de cese a empresas privadas que gestionan centros de detención.
Lectura editorial. Cada incidente abre preguntas legítimas sobre protocolos de uso de la fuerza. El FBI investiga: eso es el estado de derecho funcionando. Lo que no puede convertirse en política es usar cada muerte como palanca para frenar la aplicación migratoria en su conjunto. La víctima colombiana tenía, según organizaciones migrantes, permiso de trabajo; ese dato importa y merece respuesta. Pero la presión de Sheinbaum sobre fiscales estadounidenses cruza una línea: la soberanía judicial de Estados Unidos no se negocia desde Ciudad de México.
