COLOMBIA (Pulso) — Colombia reanudó exportaciones de energía hacia Ecuador desde el 5 de agosto. El volumen programado es de 8,6 GWh diarios, según el Ministerio de Minas y Energía.
Esa cifra representa más del 8% de la demanda eléctrica ecuatoriana. Utiliza cerca del 78% de la capacidad de los enlaces internacionales entre ambos países.
El ministro saliente Edwin Palma fue categórico en X. «Las exportaciones se reanudan por una decisión política del Gobierno del presidente Gustavo Petro», escribió. «No hubo gestiones del Gobierno del presidente Daniel Noboa».
Las declaraciones surgieron tras versiones que atribuían a Quito un papel en el restablecimiento del intercambio.
Palma agregó que el Gobierno ecuatoriano «ha rechazado el diálogo con Colombia». También señaló el costo que enfrenta Colombia por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) como punto de fricción activo.
El ministro aseguró que la decisión se tomó solo después de verificar seguridad energética propia y disponibilidad de agua en embalses nacionales ante un eventual fenómeno de El Niño.
Pese al restablecimiento del flujo eléctrico, las diferencias políticas y comerciales entre Bogotá y Quito permanecen abiertas, según el propio Ministerio.
Lectura editorial. El episodio ilustra la lógica del petrismo: convertir la cooperación regional en herramienta de narrativa política. Ecuador recibe el suministro que necesita; Colombia lo entrega sin negociar las fricciones pendientes —el SOTE entre ellas— y el Gobierno aprovecha el gesto para reclamar protagonismo diplomático. La libre empresa y la integración energética real requieren acuerdos estables, no gestos unilaterales que dependen del humor político de turno. Mientras Bogotá gestiona la energía como moneda de relato, los incentivos para una integración duradera se debilitan.
