COLOMBIA (Pulso) — Un policía murió. Fue el subintendente Argemiro Rodelo Canchila, con al menos 18 años de servicio. Cayó en un ataque con drones contra la subestación de Policía San Roque, en el Cesar.
No fue el único atentado. En Antioquia, el gobernador Andrés Julián Rendón denunció otro ataque con drones contra la estación de Porce III, en Guadalupe. Lo atribuyó al Frente 36 de las disidencias de las FARC, bajo alias «Calarcá». Lo llamó una «provocación al nuevo Gobierno».
En el Cauca, explosivos destruyeron un peaje en la Vía Panamericana entre Popayán y Cali. El corredor quedó con restricciones de tránsito.
Todo esto ocurrió en las primeras horas del mandato de De la Espriella.
En paralelo, Washington anunció un paquete de apoyo de $1.000 millones para Colombia. La Casa Blanca lo presentó como un componente de seguridad y señal de alianza renovada entre ambos países.
El nuevo presidente tomó su primer discurso ante militares, en el Cantón Militar Pichincha. Fue directo: «Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad». Declaró la opción del diálogo con grupos armados «completamente agotada». Dos caminos para las organizaciones criminales: someterse o enfrentar a la Fuerza Pública.
Anunció además el regreso de las fumigaciones contra cultivos ilícitos, la construcción de megacárceles y un gobierno basado en austeridad y atracción de inversión.
Su gabinete de 18 ministros ya estaba completo al momento de posesionarse. Entre los nombres: Rodrigo Lara Restrepo en Interior, Miguel Gómez Martínez en Hacienda, el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora en Defensa e Iván Cancino en Justicia.
Pulso Global observa: el contraste con el petrismo no podría ser más nítido. Donde Petro ofreció diálogo, De la Espriella ofrece orden. Donde hubo «paz total», llega fuerza pública y fumigación. El respaldo de $1.000 millones de Washington —en sintonía con la política exterior de Marco Rubio— es la primera señal de que el giro geopolítico de Colombia tiene precio y tiene socio. La libre empresa y la inversión extranjera necesitan exactamente eso: un Estado que controle su territorio.
