VENEZUELA (Pulso) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al gobierno venezolano la excarcelación inmediata de integrantes y exfuncionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de organismos policiales detenidos por motivos políticos.
Mediante un comunicado, el organismo rechazó el procesamiento de esos ciudadanos en la jurisdicción penal militar. También expresó respaldo a las familias que exigen información sobre su paradero.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón contabilizó 196 casos al 20 de septiembre. De ese total, 165 seguían en servicio activo al momento del arresto y 31 estaban retirados.
El listado incluye ocho mujeres y 14 personas con padecimientos de salud de extrema gravedad. Foro Penal, por su parte, contabilizaba 144 militares entre 344 privados de libertad al 14 de septiembre.
La CIDH atribuyó esa disparidad a los métodos de balance de cada entidad frente a la ausencia de cifras institucionales. También recordó que el 18 de agosto fueron excarcelados cinco efectivos recluidos en Ramo Verde.
Sin embargo, los tribunales mantienen abiertos sus expedientes. Además, dictaron medidas cautelares que exigen presentaciones periódicas, prohíben la salida del territorio nacional y restringen las declaraciones a la prensa.
Las detenciones afectan principalmente a personal de la Dgcim, el Sebin, el GOES, las FAES y otros componentes de la FANB. Las denuncias de la sociedad civil apuntan sobre todo a los delitos de conspiración y rebelión civil.
La CIDH tomó nota «con extrema preocupación» de denuncias de muertes bajo custodia y de condiciones incompatibles con la dignidad humana. JEP registró cuatro muertes de miembros de la FANB y dos exagentes policiales bajo custodia estatal.
Foro Penal reportó cuatro fallecimientos ocurridos entre funcionarios de la Dgcim y el Sebin. Los familiares denuncian aislamientos prolongados, restricciones a visitas, hacinamiento y falta de atención médica.
En la práctica, el caso vuelve a mostrar el costo humano de un aparato estatal que castiga, encierra y limita defensas. Cuando la custodia queda en manos de los mismos órganos señalados en los arrestos, el debido proceso pierde sentido.
La exigencia de la CIDH también pone presión sobre la jurisdicción militar. Para el contribuyente y para la libertad individual, el punto es claro: sin garantías básicas, el poder público opera sin contrapesos.