CHILE (Pulso) — El Plan de Reconstrucción Nacional del presidente José Antonio Kast entra en su recta final. El Senado lo aprobó en particular la madrugada del miércoles: 26 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.
La «Ley Miscelánea» o «Megarreforma» agrupa más de 40 leyes. En mayo pasado, la Cámara de Diputados la había visado por 90 votos a favor en su primer trámite.
Este lunes regresa a la Cámara Baja para el tercer trámite. Las reglas son estrictas: los diputados solo pueden aprobar o rechazar las modificaciones del Senado. No pueden agregar indicaciones nuevas.
Kast se mostró optimista. «Esperamos sea aprobado en la Cámara de Diputados por un margen mayor», declaró el mandatario, según la fuente. Agregó que no ve «ningún aspecto de la reforma que tenga algún vicio de constitucionalidad».
La oposición, en cambio, alista requerimientos al Tribunal Constitucional (TC). El senador Alfonso de Urresti lo confirmó: «A más tardar el día lunes vamos a presentar en tiempo y forma el requerimiento al Tribunal Constitucional por materia ambiental, en materia de invariabilidad y otro aspecto», según el documento.
Uno de los puntos calientes es el «derecho al olvido comercial». El artículo 37, incorporado por la oposición, obliga a borrar de registros comerciales y financieros las deudas ya extinguidas de personas naturales. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se opuso: argumentó que la materia ya está normada. La Sala lo aprobó de todas formas por 25 votos contra 23. El Ejecutivo levantó una reserva de constitucionalidad sobre ese punto.
Si la Cámara rechaza alguna modificación del Senado, el proyecto irá a Comisión Mixta. Ese escenario alargaría la tramitación.
La primera gran victoria legislativa de Kast —a poco más de cuatro meses de gobierno— está al alcance. El aparato estatal opositor apuesta al TC para frenar o dilatar lo que las urnas ya avalaron en las cámaras. El principio en juego es claro: una reforma que el Ejecutivo negoció y construyó voto a voto no debería quedar rehén de recursos de última hora. El mercado y los contribuyentes merecen certeza jurídica, no más incertidumbre procesal.
