CHILE (Pulso) — Chile destina apenas el 0,41% de su PIB a investigación y desarrollo. El promedio de la OCDE lo supera con amplitud. Así lo advierte Silvia Díaz, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI).
El diagnóstico es directo. Cada cuatro años las prioridades se reordenan. Los equipos rotan. Los programas se interrumpen o se rebautizan. Según Díaz, la formación de capital humano, la inversión en ciencia y la infraestructura hídrica son las más vulnerables a los cambios de gobierno.
El problema no es solo presupuestario. Universidades, empresas, Estado y regiones han operado de manera aislada, según el documento. Esa fragmentación reduce el impacto de cada peso invertido.
El contexto global añade urgencia. La inteligencia artificial reconfigura mercados laborales. La transición energética redistribuye poder geopolítico. El cambio climático altera condiciones básicas de producción. Ninguno de esos fenómenos se mueve al ritmo de los gobiernos de turno, advierte Díaz.
Para Chile, economía pequeña y concentrada en exportación de recursos naturales, la exposición es doble. El cobre y el litio son activos estratégicos. Pero su valor futuro depende de construir capacidades propias de procesamiento e innovación. Sin eso, según la fuente, Chile arriesga quedarse como proveedor de materia prima.
El Consejo CTCI presentó su Estrategia Nacional 2026 como hoja de ruta. El mandato declarado: entregar orientaciones de largo plazo al Estado, con independencia del gobierno de turno.
Finlandia, Corea y Singapur son los modelos citados. Ninguno esperó el gobierno perfecto. Construyeron instituciones capaces de sostener una visión en el tiempo.
Lectura editorial. El caso chileno ilustra un problema clásico del Estado intervencionista: cuando el aparato público controla las prioridades de inversión, los ciclos electorales devoran la coherencia. La solución no es más gasto discrecional de turno, sino instituciones con mandatos protegidos, rendición de cuentas y participación real del sector privado. El libre mercado y la inversión empresarial en I+D —no la burocracia— son los que en Corea y Singapur traccionaron el salto productivo. Chile tiene los recursos. Le falta el marco institucional que los proteja de la política.
