CHILE (Pulso) — El Gobierno chileno ejecutó un nuevo operativo de expulsión de extranjeros. En total, 40 ciudadanos fueron trasladados a Colombia, Bolivia y Ecuador.
El operativo fue coordinado por el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones (PDI). Ambos organismos actuaron sobre resoluciones de expulsión vigentes.
Dos categorías de expulsados. 24 correspondieron a expulsiones administrativas. La causa: ingreso por pasos no habilitados o incumplimiento de la legislación migratoria. Las otras 16 fueron ordenadas por jueces, tras condenas penales.
Entre los delitos registrados figuran robo con intimidación, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones y receptación. Según las autoridades, las expulsiones se ejecutaron una vez cumplidas las resoluciones judiciales.
El Servicio Nacional de Migraciones señaló que los operativos buscan fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente. Indicó además que los procedimientos respetan los marcos administrativos y judiciales previstos por la ley.
Las autoridades confirmaron que se prevén nuevos vuelos de expulsión en los próximos meses. La coordinación con los países receptores es parte del esquema.
Chile ha intensificado los controles en su frontera norte durante los últimos años. El foco: el ingreso irregular de personas.
Lectura editorial. El aparato estatal chileno ejecuta aquí una función básica: hacer cumplir resoluciones judiciales y administrativas firmes. No se trata de política nueva, sino de aplicar la ley existente. Cada expulsión por condena penal representa una falla previa del control fronterizo — un costo que pagan los ciudadanos en seguridad y recursos. La pregunta no es si expulsar, sino cuánto tiempo tardó el Estado en actuar. Que se anuncien nuevos vuelos es señal de que el rezago es considerable.
