CHILE (Pulso) — Santiago confirmó una caída del 33% en los ingresos por pasos no habilitados durante los primeros meses de 2026. Al mismo tiempo, las expulsiones de extranjeros subieron un 76% respecto al mismo período del año anterior.
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) atribuyó los resultados al refuerzo de controles fronterizos y fiscalizaciones en distintas regiones. El foco principal sigue siendo la frontera norte, en las zonas limítrofes con Bolivia y Perú.
Según cifras oficiales, se concretaron más de 1.300 expulsiones en 2026. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por las expulsiones administrativas.
El Ejecutivo chileno amplió además los vuelos de expulsión y los mecanismos de retorno voluntario. El objetivo declarado: descongestionar procesos pendientes y hacer efectivas las órdenes migratorias vigentes.
Las autoridades señalaron que la estrategia busca «avanzar hacia una migración más ordenada, fortalecer la seguridad nacional y reducir los cruces por zonas no habilitadas», según el documento oficial.
Desde el Gobierno destacaron los números como señal de resultados concretos. La política, sostienen, prioriza el ingreso regular y combate las redes de tráfico de personas.
Lectura editorial. Los datos muestran que el control efectivo de fronteras produce resultados medibles. Menos ingresos clandestinos y más expulsiones ejecutadas son indicadores de un Estado que recupera soberanía sobre su territorio. El debate pendiente —cómo equilibrar orden y derechos— no puede servir de excusa para la inacción. Lo que Chile exhibe en 2026 es precisamente lo que el discurso progresista declaraba imposible: que la firmeza funciona.
