CHILE (Pulso) — Santiago, 7 de julio. El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta una crisis política imprevista: la suspensión de tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional de Chile desató protestas coordinadas en todo el país.
La ministra de Deportes, Natalia Duco, negó la autorización al argumentar que la producción podría dañar «el activo deportivo más importante del país». El escenario giratorio de 360 grados que utiliza el grupo pesa alrededor de 600 toneladas y se instalaría en el centro del campo, directamente sobre el sistema de irrigación del estadio.
«Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado», declaró Duco tras recibir las primeras críticas, según el documento consultado por UPI.
La respuesta del fandom fue inmediata. ARMY Chile, con más de 130.000 seguidores solo en Instagram, convocó manifestaciones simultáneas. Unos 5.000 fans marcharon el domingo; también se concentraron frente al palacio de La Moneda. Se esperaba que los tres shows reunieran a unas 200.000 personas, con todas las entradas ya agotadas.
La presión desbordó el ámbito cultural. Legisladores opositores exigieron explicaciones al gobierno, y clubes de fútbol ofrecieron sus estadios como sedes alternativas.
Ante el escalamiento, la administración señaló que está dispuesta a reconsiderar su postura si el promotor DG Medios cumple las condiciones necesarias para proteger la cancha. La decisión final permanece pendiente.
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El episodio ilustra un dilema legítimo de gestión pública: proteger infraestructura financiada por los contribuyentes frente a la demanda masiva del mercado cultural. La ministra Duco tiene razones técnicas documentadas. Sin embargo, la forma en que se comunicó la decisión —negando que hubiera algo que cancelar— alimentó innecesariamente la controversia. En un gobierno de libre empresa, la solución de mercado es clara: que el promotor asuma el costo de las garantías de protección del campo. Si DG Medios cumple esa condición, el Estado no tiene argumento para mantener el veto.
