CHILE (Pulso) — Chile comenzó a mirar hacia la próxima generación de redes móviles. La Subsecretaría de Telecomunicaciones presentó esta semana los ejes del Plan Nacional Digital 2026-2036.
La hoja de ruta busca preparar la infraestructura para la evolución del actual 5G. También apunta a 5G-Advanced, conocido comercialmente como 5.5G, y a las bases para la llegada futura de 6G.
Subtel dijo que el plan busca posicionar a Chile como un hub digital de América Latina. También quiere acelerar inversiones en infraestructura y aumentar capacidad y cobertura de las redes.
Según Subtel, existen inversiones proyectadas por unos US$2.000 millones hacia 2030 en telecomunicaciones. Además, calculó alrededor de US$160 mil millones hacia 2050 en data centers y servicios de nube.
La iniciativa también contempla avanzar en el apagado de las antiguas redes 3G. El documento final del plan se construirá durante los próximos meses con mesas de trabajo con operadores, organismos públicos, asociaciones y representantes de la industria.
Uno de sus siete ejes se llama «Política de Carreteras Digitales del Futuro». Ese punto plantea preparar la infraestructura y el espectro radioeléctrico para 5G, 5.5G y el futuro 6G.
En paralelo, la UIT usa IMT-2030 como referencia internacional para el desarrollo de 6G. La tecnología todavía está en proceso de estandarización. En febrero de 2026, el grupo WP 5D acordó un borrador de requisitos técnicos mínimos.
Su aprobación formal está prevista para diciembre de 2026. Las especificaciones internacionales definitivas se esperan hacia fines de la década.
El dato central es claro: Chile no anuncia un 6G inminente. Busca que, cuando llegue, existan espectro, fibra óptica, regulación e inversión suficientes para adoptarlo.
Eso importa. En un país que quiere competir, la infraestructura no puede quedar atrapada por la burocracia ni por la lentitud estatal. La red del futuro exige reglas claras, capital privado y seguridad regulatoria.
Si el plan se ejecuta bien, puede ampliar cobertura y productividad. Si se dilata, el costo lo pagarán usuarios, empresas y contribuyentes que financian el aparato público.