COLOMBIA (Pulso) — El proceso penal contra Nicolás Petro Burgos cumple tres años sin juicio oral. Ahora suma un nuevo obstáculo: la salida de su segunda fiscal.
La Fiscalía notificó, mediante resolución interna, la terminación del encargo provisional de Lucy Marcela Laborde Betancourt en la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Fuentes del ente acusador citadas por El Colombiano calificaron el cambio como una decisión administrativa de trámite.
El expediente queda sin fiscal titular. El caso se encuentra en etapa preparatoria: las partes discuten qué pruebas llegarán al juicio. Varias decisiones ya fueron apeladas. Defensa y Fiscalía esperan pronunciamientos del Tribunal Superior de Barranquilla.
La salida de Laborde arrastra consecuencias adicionales. Las diligencias de descubrimiento probatorio en el caso de Laura Ojeda —esposa de Nicolás— previstas para el 30 de junio y 1 y 2 de julio fueron suspendidas. Según relató la propia fiscal en audiencia, disposiciones de la delegada para las Finanzas Criminales impidieron el traslado del investigador a Barranquilla con los elementos bajo custodia en Bogotá, entre ellos un Blu-ray y otros implementos técnicos.
El caso Ojeda enfrenta además un vacío judicial: el Juzgado 23 Penal del Circuito de Barranquilla perdió competencia por una redistribución de expedientes ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. El proceso fue remitido al Juzgado 26, pero aún sin juez activo que adelante audiencias.
Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el medio, un aporte de 400 millones de pesos dirigidos a la campaña presidencial de Gustavo Petro figura entre las evidencias analizadas. El aportante identificado es Gabriel Elías Hilsaca Acosta. Nicolás Petro declaró en entrevista con el portal Cambio: «yo nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá».
La fiscal Laborde también denunció, antes de su salida, presuntas presiones indebidas del presidente Gustavo Petro y solicitó el retiro de una fiscal auxiliar que, según dijo, nunca pidió para el caso.
Tres años, dos fiscales, cero juicio oral. El aparato estatal encargado de perseguir este caso acumula cambios de funcionarios, juzgados sin competencia y diligencias suspendidas. Cada demora beneficia a quienes tienen interés en que el expediente no llegue a debate público. El principio en juego es simple: la justicia que no avanza no es justicia.
