CHILE (Pulso) — La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes la megarreforma económica y tributaria impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. La gran mayoría de artículos superó los 78 votos requeridos.
«La Cámara ha ratificado en un 99% el proyecto», declaró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Añadió que Chile recuperará «competitividad tributaria para volver a ser atractivo para invertir».
El oficialismo —ultraderecha y derecha tradicional— votó a favor. También lo hicieron varios diputados del Partido de la Gente y algunos de la Democracia Cristiana.
Solo un artículo queda pendiente. Se trata del mecanismo de compensación a municipios por la exención de contribuciones a primeras viviendas de adultos mayores de 65 años. Irá a comisión mixta en las próximas semanas.
Las medidas centrales incluyen: reducción del impuesto corporativo del 27% al 23%, exención de IVA a compra de vivienda por un año, beneficios para repatriación de capitales e invariabilidad tributaria para grandes inversiones. También agiliza permisos ambientales e incluye indemnización estatal si un tribunal anula una Resolución de Calificación Ambiental.
El Ejecutivo busca reactivar un crecimiento debilitado. El PIB creció 2,5% en 2025, pero la actividad encadenó caídas durante los primeros cinco meses del año, según la fuente.
Organismos autónomos advirtieron que la reforma puede presionar las arcas fiscales y que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación.
Desde la oposición izquierdista, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, afirmó que el proyecto «reduce impuestos a los más ricos». La diputada comunista Daniela Serrano sostuvo que el Gobierno prioriza «salvarle el bolsillo a quienes más tienen». La izquierda adelantó tres requerimientos ante el Tribunal Constitucional para objetar aspectos fiscales, incluida la invariabilidad tributaria.
Lectura editorial. La aprobación con respaldo transversal —más allá del oficialismo— indica que el argumento de competitividad fiscal encontró eco más allá de la coalición de Gobierno. Reducir la carga tributaria a las empresas y garantizar reglas claras a los inversionistas son señales que el libre mercado valora. El riesgo fiscal real existe y los organismos autónomos lo señalaron: ese debate deberá resolverse con datos, no con promesas. El artículo pendiente y los requerimientos al TC marcan la próxima batalla.
