BOLIVIA (Pulso) — El Gobierno de Rodrigo Paz confirmó la investigación de 26 casos de ciudadanos bolivianos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia. El canciller Fernando Aramayo ofreció el desglose oficial.
De los 26 bolivianos registrados: 20 mantienen contratos activos, cuatro están heridos y hospitalizados, uno falleció en combate y otro logró regresar al país. Uno de los heridos está en proceso de desvinculación del servicio militar ruso, según Aramayo.
La Fiscalía General del Estado abrió cuatro causas en distintos departamentos. El delito investigado: trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos armados.
Según las autoridades, una organización captaba ciudadanos con promesas de empleos bien remunerados en el exterior. Luego los trasladaba a Rusia. Allí firmaban contratos con el Ejército.
La Justicia boliviana ordenó prisión preventiva para tres personas detenidas en Santa Cruz, señaladas como integrantes de la red. Los investigadores buscan además a un ciudadano extranjero identificado como presunto organizador principal. Según la fuente, ese individuo abandonó el país antes de ser arrestado.
Las autoridades no descartan nuevas detenciones. La Fiscalía analiza documentación y dispositivos electrónicos incautados en allanamientos. El Gobierno mantiene contacto con familias de los involucrados y gestiones diplomáticas con otros países.
La Cancillería emitió un llamado público: desconfiar de ofertas laborales vinculadas a viajes hacia zonas de conflicto.
Lectura editorial. El caso expone una falla estructural: el Estado no detectó la red hasta que ciudadanos ya estaban en un frente de guerra. La trata con fines de reclutamiento militar es una de las formas más extremas de violación a la libertad individual. Que la red operara con aparente impunidad —y que su presunto organizador escapara— plantea preguntas urgentes sobre la capacidad institucional boliviana para proteger a sus ciudadanos más vulnerables frente a actores extranjeros.
