ARGENTINA (Pulso) — El tratamiento del capítulo sobre venta de tierras a extranjeros de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se frenó por cuarta vez en el Senado. Falta de apoyos. Según la fuente, el texto ya acumula 13 versiones.
El oficialismo propone una sesión el 6 de agosto. Mientras tanto, impulsa una solución intermedia: que cada provincia conserve plena jurisdicción sobre su territorio.
El proyecto es impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Busca corregir —no derogar— la ley 26.737 de tierras rurales, sancionada en 2011 bajo el gobierno de Cristina Kirchner.
Esa norma limita la compra de tierras por extranjeros al 15% del total nacional, provincial o municipal. Fija además que titulares de una misma nacionalidad no superen el 30%. Prohíbe adquisiciones cercanas a cursos de agua «de envergadura». Impone un máximo de 1.000 hectáreas en la llamada «zona núcleo».
Según cifras oficiales, hoy solo el 6% de las tierras rurales argentinas pertenece a extranjeros. Muy por debajo del límite legal vigente.
El debate integra, según la fuente, el conjunto de cambios necesarios para que Argentina recupere el grado de inversión ante calificadoras internacionales.
Lectura de la casa. El bloqueo legislativo no protege soberanía alguna: protege el statu quo del estancamiento. Un 6% de titularidad extranjera demuestra que la ley actual no atrae capital; solo lo ahuyenta. El aparato burocrático que frena esta reforma cuatro veces seguidas es el mismo que durante décadas mantuvo hectáreas improductivas bajo el escudo del discurso populista. Cada semana de prórroga es una semana menos de empleo, inversión y recaudación fiscal. Argentina necesita marcos jurídicos claros, no candados ideológicos.
