MÉXICO (Pulso) — Claudio Lomnitz es antropólogo social e historiador. Dirige el Laboratorio de Estudios Sociales sobre la Desaparición de la Universidad de Columbia. Lo dijo sin rodeos: «No ha habido un gobierno en estos años que le haga frente y de una manera decidida» a la desaparición forzada en México.
Lomnitz ubica el origen del fenómeno en los años 80 y 90. No en 2003 ni en 2006, cuando se declaró la guerra contra las drogas. Según el investigador, el auge del cartel como forma de organización social fue el detonador. La llegada de cocaína desde Sudamérica obligó a controlar aeropuertos y puertos internacionales. La complejidad creció. La violencia, también.
Hoy la economía violenta ya no es solo narcotráfico. Según Lomnitz, abarca narcomenudeo, flujos migratorios, tala ilegal, cambio de uso de suelo y operaciones mineras —legales e ilegales—. El Estado, dice, debería hacer un inventario de esa economía. En cambio, «está jugando con estadísticas y con leyes».
El caso Zacatecas ilustra el patrón nacional. Entre 2022 y 2024, ese estado registró disputa territorial entre el Cartel de Sinaloa, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y otros dos o tres grupos. Las zonas en disputa concentran los mayores números de desaparecidos. Algunos son muertos de guerra. Otros, reclutados a la fuerza. Otros más, víctimas del control de mercados de metanfetaminas en barrios populares.
El gobierno actual, señala Lomnitz, ha realizado operativos contra jefes del narcotráfico. También aplica leyes de prisión preventiva. Pero eso, advierte, no toca la raíz: la desaparición está ligada al uso de violencia extrajudicial para sostener ramas enteras de actividad económica.
Pulso Global observa lo evidente: décadas de aparato estatal expandido, presupuestos crecientes en seguridad y sucesivos gobiernos —incluido el actual— no han doblegado la economía criminal. La desaparición forzada no es falla de leyes; es falla de Estado. Mientras el poder político en México siga administrando el problema en lugar de desmantelar sus incentivos económicos, las cifras seguirán creciendo. El costo lo pagan los ciudadanos, no la burocracia.
