COLOMBIA (Pulso) — El 14 de julio, el presidente Gustavo Petro elogió públicamente a la jueza que anuló la imputación de cargos contra Daniel Quintero. Lo hizo durante un consejo de ministros.
Quintero enfrenta el caso Aguas Vivas. La acusación original era por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción. La Fiscalía alegaba que los investigados intentaron beneficiar a particulares con una operación valuada en 40.509.311.965 pesos.
El Juzgado 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Antioquia anuló la imputación. La jueza consideró que la Fiscalía «no cumplió con la carga establecida» para expresar los hechos jurídicamente relevantes «en un lenguaje comprensible». Señaló además una «absoluta falta de claridad» que afectó el derecho a la defensa.
Petro calificó la decisión como «un acto valiente de la justicia». Afirmó que «la justicia en Antioquia la maneja Fico», en referencia al alcalde Federico Gutiérrez. Agregó que dispone de información sobre presunto uso de fondos públicos de Antioquia y Medellín mezclados con «dineros de los lavadores de oro», según sus palabras. Aclaró que mantiene dudas que espera resolver.
La respuesta llegó desde adentro del propio petrismo. Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, escribió en X el 15 de julio: «Nadie ha declarado inocente a Daniel Quintero, lo que presentan como un triunfo jurídico y una absolución es una leguleyada de forma». Le pidió directamente al presidente: «Deje de meter las manos al fuego por ese personaje, le hace daño a su legado y al futuro del Pacto Histórico».
Quintero, por su parte, celebró el fallo. Denunció «persecución» y anunció la creación de la Fundación Perseguidos Políticos. También anunció que solicitará protección a la Comisión Interamericana de DDHH.
Lectura editorial. El episodio expone una fractura visible en el oficialismo colombiano. Un exfuncionario del propio gobierno le advierte al presidente que sus lealtades personales erosionan su capital político. El aparato estatal —y el dinero de los contribuyentes involucrado en el caso Aguas Vivas— merece proceso con garantías reales, no celebraciones presidenciales sobre nulidades de forma. Que la crítica venga de adentro del Pacto Histórico dice más que cualquier oposición externa.
