COLOMBIA (Pulso) — Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó mortalmente a un colombiano de 26 años el lunes durante una operación en Biddeford, Maine. Familiares y testigos lo identificaron como Joan Sebastián Durán Guerrero. La identidad no ha sido confirmada oficialmente.
ICE indicó que sus agentes vigilaban una dirección en busca de una persona con orden de expulsión definitiva. Cuando intentaron detener a alguien que conducía desde ese lugar, «el vehículo intentó huir y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma», según el comunicado oficial. El gobierno no explicó por qué el agente temía por su seguridad.
El agente fue suspendido de funciones en espera de investigación, confirmó el fiscal principal de Maine. La senadora republicana Susan Collins solicitó una «investigación completa e imparcial». El inspector general del DHS asumirá el caso, según Collins.
El senador independiente Angus King reveló un detalle crítico: el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, le informó primero que la víctima era objetivo de una orden de arresto. Horas después, Mullin lo llamó para corregir esa versión: el hombre no era el objetivo buscado, según la oficina de King.
La Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine afirmó que la víctima contaba con autorización de trabajo y número de Seguro Social. Su padre, Omar Durán, desde Bucaramanga, rechazó cualquier irregularidad migratoria y describió a su hijo como trabajador en una clínica veterinaria y conductor de plataformas de entrega. Durán sostenía económicamente a su esposa e hija de 3 años.
Este martes, ICE habría ordenado a sus agentes suspender las detenciones de vehículos para arrestar inmigrantes, según medios estadounidenses que citan fuentes federales. La medida no ha sido anunciada oficialmente.
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el hecho como «un asesinato a un colombiano en manos del gobierno de los EEUU», según sus declaraciones. La Embajada de Colombia solicitó información y aclaraciones al DHS.
El incidente ocurre una semana después de que ICE matara a tiros a un mexicano en un control de tráfico en Texas.
Confirmado. La contradicción entre las dos versiones del DHS es el dato más relevante del caso: primero se afirmó que la víctima era el objetivo buscado; luego se desmintió. Esa secuencia exige que la investigación del inspector general sea pública y rigurosa. El aparato estatal no puede disparar primero y verificar después. El orden jurídico —que esta casa editorial defiende— protege tanto la soberanía migratoria como la vida de quienes cuentan con documentos legales. Una cosa no cancela la otra.
