COLOMBIA (Pulso) — El abogado penalista Alejandro Carranza declaró ante la Corte Suprema de Justicia que alertó al presidente Gustavo Petro sobre la intención de suspenderlo. Según el testimonio, la advertencia se produjo dos días antes de que la medida se hiciera pública.
El video de la declaración fue revelado por El Tiempo. Carranza detalló al menos cuatro reuniones con Gloria Arizabaleta, exrepresentante a la Cámara e integrante de la Comisión de Acusaciones. Según el abogado, Arizabaleta buscó un acuerdo político que beneficiara procesos contra Petro a cambio de favores.
Una de esas reuniones tuvo lugar en la Casa de Nariño. Estaba presente el entonces ministro de Hacienda. Carranza transmitió al presidente el contenido de sus encuentros con la exrepresentante.
«Le dije que ella estaba diciendo que la siguiente semana iba a citar justo unos días antes de la elección y que eso tenía que arreglarse. Entonces el ministro de Hacienda dijo que no, y el presidente de inmediato dijo: 'ella es una extorsionista' y me pidió que tomara cartas en el asunto», declaró Carranza ante la Corte.
Dos días después, la suspensión se hizo pública mediante el Auto 002. Según la fuente, esa decisión la habría tomado Arizabaleta de manera individual, sin consenso en la Comisión.
Carranza también implicó a Jairo Corzo, secretario de la Comisión de Acusaciones, como participante en la mayoría de las reuniones. Según el testimonio, Corzo coordinaba los encuentros. El 8 de julio, según el abogado, concertaron una cita en un local de comidas rápidas en Bogotá.
Durante una de esas reuniones, Arizabaleta comentó que había recibido el encargo de proponer la suspensión. Carranza respondió que la medida sería arbitraria y dañina en tiempo de campaña.
El propio abogado enfrenta posibles sanciones disciplinarias y penales por haber mantenido contacto con la investigadora del caso durante más de seis meses.
Arizabaleta es investigada por presunto prevaricato. La suspensión que promovió finalmente no prosperó.
El caso expone una pregunta de fondo: ¿hasta dónde llegaba el flujo de información entre la Comisión de Acusaciones y la defensa del presidente? Que el jefe del Estado conociera con antelación los movimientos de su propio órgano investigador —según el testimonio de su abogado— pone en entredicho la independencia del proceso. Para Pulso Global, el principio en juego es elemental: el estado de derecho exige que los investigados no reciban filtraciones de sus investigadores. Ese principio, al parecer, no se respetó.
