MEXICO (Pulso) — El Gobierno federal confirmó este jueves que el 83 por ciento de las estaciones de servicio que comercializan diésel en México ya se adhirió al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio del Diésel.
El tope fijado es de 27 pesos por litro. En zonas fronterizas, el precio de referencia baja a 25.39 pesos, por la tasa reducida de IVA del 8 por ciento que aplica en esas regiones.
Tras el comunicado del 12 de julio, 435 gasolineras adicionales se incorporaron al pacto. El total asciende a 8,481 estaciones participantes.
Pero 1,721 establecimientos siguen vendiendo a precios «significativamente superiores», según comunicado conjunto de la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, Pemex y Profeco.
Baja California encabeza el incumplimiento con 231 estaciones fuera del acuerdo. Le siguen Tamaulipas (196), Sonora (122), Jalisco (98) y Oaxaca (96). En el extremo opuesto: Ciudad de México registra solo 3 gasolineras incumplidoras y Colima, 2.
Para sostener el tope, el Gobierno mantiene estímulos fiscales al IEPS. Pemex ofrece combustible a precios competitivos y amplía su red de transporte de última milla. Además, el Ejecutivo negocia con la Asociación de Bancos de México y emisoras de vales para reducir comisiones por pagos electrónicos en gasolineras.
Las autoridades anunciaron que continuarán «vigilando el mercado» e invitaron a los rezagados a sumarse al acuerdo.
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El cuadro es revelador. Un acuerdo voluntario que requiere estímulos fiscales, presión de Profeco y subsidios de Pemex no es libre mercado: es precio administrado con otro nombre. El costo real recae en los contribuyentes vía IEPS congelado y en Pemex, empresa que ya arrastra deuda histórica. Que 1,721 gasolineras resistan el pacto sugiere que el precio de mercado está por encima del tope. Obligar a la baja sin corregir los costos de fondo —logística, impuestos, márgenes de distribución— aplaza el problema y profundiza la distorsión.
