ARGENTINA (Pulso) — Confirmado. Si la legislación vigente no cambia, 82 intendentes de la provincia de Buenos Aires no podrán presentarse al mismo cargo en 2027. El dato explica la avalancha de maniobras para cambiar las reglas.
La distribución es elocuente: 53 pertenecen al peronismo, 17 a la UCR, siete a Pro y el resto a La Libertad Avanza y partidos vecinales, según la fuente.
El último episodio involucra al intendente de Castelli, Francisco Echarren. Impulsa una carta orgánica municipal que incluiría un régimen electoral propio. Echarren sostiene que no busca su propia reelección. El mensaje político, sin embargo, apunta a reabrir un debate que la ley cierra. Ya intentó la vía judicial en 2019; no prosperó.
La ley que limitó las reelecciones fue sancionada en 2016, durante la gobernación de María Eugenia Vidal. Desde entonces, acumuló dos alteraciones. Primero, la reglamentación introdujo el criterio de «mandato completo» solo si el intendente ejerció más de dos años. Eso habilitó licencias estratégicas. Después, la Legislatura modificó el cómputo del primer mandato y permitió períodos adicionales.
Dos casos documentados: Mayra Mendoza, hoy diputada bonaerense con licencia como intendenta de Quilmes, y Mario Ishii, intendente de José C. Paz, ahora legislador provincial con licencia.
Entre quienes no encontraron ese resquicio y presionan por cambios figuran, según la fuente, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Andrés Watson, Mario Secco, Lucas Ghi, Fernando Moreira, Leonardo Nardini, Gustavo Menéndez, Mariel Fernández, Ariel Sujarchuk, Fernando Gray, Julio Zamora y Juan Andreotti.
La interna peronista bloqueó, por ahora, la reforma. Cristina Kirchner había prometido impulsar la reelección indefinida, según la fuente. El conflicto con el sector de Axel Kicillof frenó esa vía. Kicillof, impedido de un tercer mandato consecutivo por la Constitución provincial, necesita el respaldo territorial de esos intendentes de cara a una eventual candidatura presidencial en 2027.
La lectura de esta casa es clara. Los límites a la reelección son un principio republicano elemental: el poder no es patrimonio personal. Cada maniobra para vaciar esa norma —judicial, legislativa o municipal— es un ataque al ciudadano que financia con sus impuestos el aparato que esos funcionarios se niegan a soltar. La interna peronista los frenó esta vez. No es garantía suficiente. La ley debe defenderse por sus propios méritos, no quedar a merced de disputas internas del oficialismo.
