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Venezuela firma 84 acuerdos petroleros en 2026 y abre el sector eléctrico a capital privado: el costo para el contribuyente sigue sin auditoría pública

La apertura busca atraer inversión extranjera, pero las condiciones contractuales no tienen contraloría pública y la oposición denuncia falta de transparencia.
Foto: EL NACIONAL
viernes 20 de noviembre de 2026 · 04:30 UTC

Confirmado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo que Venezuela ha suscrito 84 acuerdos de petróleo y gas en 2026. Lo anunció el jueves 19 de noviembre, durante la Expo Venezuela Energética Oriente 2026, en Anzoátegui.

Los convenios se firmaron a través de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Rodríguez asumió la jefatura del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro, ocurrida el 3 de enero.

La producción llega a 1.269.000 barriles diarios. De ellos, 730.000 salen de la Faja Petrolífera del Orinoco. El presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, proyecta cerrar 2026 en torno a 1,3 millones de barriles diarios.

El marco es la reforma a la Ley de Hidrocarburos de enero. Entre las empresas con contratos figuran Repsol, Chevron, ExxonMobil, Shell y Eni.

El acuerdo bilateral con Estados Unidos de agosto da a Washington acceso al 25 % de las reservas petroleras venezolanas por un mínimo de 25 años.

En paralelo, Rodríguez promulgó la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico Nacional. La norma permite la participación privada, nacional e internacional, en generación, transmisión, distribución y comercialización. Crea la Superintendencia Nacional del Sistema Eléctrico, adscrita al Ministerio de Energía Eléctrica, y establece incentivos fiscales.

El ministro Rolando Alcalá calificó la norma de «innovadora». Según Alcalá, también promueve la autogeneración en la industria de hidrocarburos para aliviar la red.

Rodríguez atribuyó la urgencia al aumento de la demanda por el crecimiento económico y las altas temperaturas de El Niño. Señaló que el país debe avanzar hacia un modelo «no rentista petrolero». Cifró el crecimiento económico en 7,42 % al cierre del tercer trimestre.

La lectura de fondo es clara para el lector de libre mercado. Con 84 contratos firmados, el Estado ha cedido parte de la operación a empresas privadas, pero el control sobre esos términos sigue en manos del Ejecutivo. Sin contraloría pública, el contribuyente no puede verificar qué se entregó a cambio de cada concesión.

La apertura eléctrica apunta en la dirección correcta: más competencia y más inversión reducen la dependencia de un solo operador. Pero la propiedad privada y la seguridad jurídica exigen reglas transparentes. Sin ellas, el nuevo marco corre el riesgo de repetir el viejo esquema de discrecionalidad estatal.

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