ARGENTINA (Pulso) — La Corte Suprema declaró inconstitucionales los artículos del DNU 70 que liberaron las subas de cuotas de las prepagas. El fallo confirma el rechazo de los artículos 267 y 269 del decreto.
El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, sostuvo que no encontró justificación para que el Poder Ejecutivo modificara por decreto de urgencia una ley. El proyecto debía enviarse al Congreso.
El caso es «Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical». El DNU había reformado la ley 26.682 y eliminado la intervención estatal para definir las cuotas.
Según el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el efecto de la sentencia alcanza solo a quien hizo la demanda. Aun así, sienta un antecedente. Fuentes judiciales señalaron que la Corte tiene «cientos de casos similares».
El Gobierno no respondió a las consultas de LA NACION sobre los pasos a seguir.
La Unión Argentina de Salud (UAS) reaccionó con «enorme preocupación». Sus directivos afirman que las cuotas acumulan un retraso de 18% frente a la inflación entre enero de 2012 y octubre de este año.
Una directiva advirtió: «Si se le pone un límite artificial a los precios, indefectiblemente sufren la calidad y el acceso al servicio». Según el sector, sin reglas de precios se pierde el equilibrio financiero, ya sea que el financiador sea una prepaga, una obra social o el Estado.
Desde mediados de 2024, las cuotas suben cada mes en porcentajes cercanos a la inflación del Indec. El sector sostiene que eso erosiona la previsibilidad.
La UAS, presidida por Hugo Magonza, pidió «reglas claras y sostenibles en el tiempo». Recordó que el sistema suma obligaciones de cobertura sin mayor financiamiento.
Ahora se espera que la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dicte un nuevo fallo que aclare los alcances de la decisión.
El artículo 17 de la ley 26.682 facultaba a la Superintendencia de Servicios de Salud a autorizar los aumentos según la estructura de costos. Ese artículo fue eliminado por el DNU 70. Magonza reconoció que, mientras rigió, la autoridad fijó porcentajes generales para todo el mercado.
El punto de fondo para el lector: quien paga la cuota es el usuario. Si la regulación vuelve, el costo de sostener el sistema seguirá recayendo sobre las familias y los contribuyentes que financian las obras sociales y el Estado, sin que nadie resuelva de dónde sale el dinero.



