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Trump compra cárceles en California por 950 millones de dólares para acelerar deportaciones

La administración pagará 950 millones de dólares por tres centros en Adelanto. ICE gana control directo sobre más infraestructura, con más dinero de los contribuyentes y más capacidad de detención.
martes 6 de octubre de 2026 · 11:28 UTC

La administración de Donald Trump acordó pagar 950 millones de dólares por tres centros de detención de inmigrantes en California.

El acuerdo es con GEO Group Inc. y cubre tres instalaciones contiguas en Adelanto, al sur de California. Tienen una capacidad combinada de más de 2 mil 600 camas. GEO seguirá operando los centros hasta diciembre de 2034, según la compañía.

GEO dijo que la venta cierra «importantes ventas de activos» al gobierno federal. También afirmó que seguirá brindando servicios de apoyo en sus contratos con ICE.

ICE ha dependido por años de empresas privadas y gobiernos locales para retener a migrantes. Ahora compra más instalaciones por su cuenta. Al mismo tiempo, mantiene la operación en manos privadas.

A principios de este año, ICE pagó alrededor de mil 500 millones de dólares por dos centros de detención. Uno tiene capacidad para casi 2 mil personas cerca de San Diego. CoreCivic lo vendió y sigue operándolo.

Funcionarios de la agencia dijeron a la GAO que ser propietario da mayor control sobre la capacidad. También ayuda a asegurar espacio donde prevén necesitarlo.

Pero la GAO encontró que ICE avanzó sin un plan integral. No definió cuántas camas necesitaba ni dónde debían ubicarse. Tampoco comparó costos de largo plazo entre opciones.

La GAO advirtió que la compra de centros ya existentes «podría generar despilfarro». También dijo que ICE no evaluó la viabilidad económica a largo plazo de ser propietario de esas instalaciones.

Desde que Trump regresó al cargo, ICE ha arrestado a más de 650 mil personas, según datos de la agencia. A mediados de julio, la administración había deportado a aproximadamente 600 mil personas.

El dato central es político y fiscal. Más control para el aparato federal significa más gasto y más infraestructura pagada con dinero de los contribuyentes. La expansión puede darle al gobierno capacidad inmediata, pero también deja una factura creciente.

La pregunta de fondo no es solo cuántas camas compra ICE. Es si el Estado está resolviendo un problema con más burocracia y más activos caros, sin demostrar eficiencia de largo plazo.

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