ESPAÑA (Pulso) — Confirmado. El juez Pablo Llarena levantó de forma provisional las órdenes nacionales de busca, captura y detención contra Carles Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig.
La decisión llegó después de que el Tribunal Constitucional estimara el recurso de amparo presentado por Dolors Bassa. Llarena explicó que todavía no cuenta con el texto íntegro de esa sentencia.
El magistrado consideró, sin embargo, que existe una coincidencia sustancial en los hechos y en la cuestión jurídica discutida. Por eso ordenó revisar de inmediato la ejecución de las medidas.
El auto aclara que la decisión es transitoria. También precisa que no supone todavía la aplicación de la amnistía a Puigdemont, Comín o Puig.
El Supremo ordenó comunicar la medida a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y otras autoridades. Deben abstenerse de ejecutar cualquier privación de libertad basada en esas órdenes.
La resolución se conoce justo al comienzo de la campaña electoral en España. También llega con el independentismo catalán otra vez en el centro del debate nacional.
Llarena sostuvo que mantener las órdenes activas podría provocar una privación de libertad luego improcedente. Por ese motivo, entendió que resulta proporcionado suspenderlas temporalmente.
La decisión no resuelve de forma definitiva la situación judicial de Puigdemont. El propio auto dice que el levantamiento no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal y no resuelve las cuestiones pendientes.
En desarrollo. El caso deja otra vez en manos del aparato judicial una decisión con impacto político inmediato. También muestra cómo el conflicto del procés sigue condicionando la campaña y la agenda pública.
Para el lector, el punto de fondo es claro. Cuando la política se mezcla con causas abiertas y cambios de criterio, la inseguridad jurídica sube. Y cuando eso ocurre, paga el ciudadano común, no la clase dirigente.
El respeto al derecho debe ser la regla. Si el fallo constitucional cambia el marco, el Supremo tiene que actuar con rapidez. Pero sin convertir cada giro judicial en una palanca política más.