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Irán condena a muerte a un campeón de taekwondo por protestar. Torturas denunciadas.

Pouya Fakhrabadi, de 25 años, fue sentenciado por un incendio que, según denuncias, confesó bajo tortura. La ONU reclama el cese de las ejecuciones.
Foto: La Derecha Diario
viernes 20 de noviembre de 2026 · 19:32 UTC

Confirmado. El régimen iraní condenó a muerte a Pouya Fakhrabadi, campeón nacional de taekwondo de 25 años.

El cargo: participar en el incendio provocado de propiedad pública durante las protestas de enero en Yazd. La sentencia la dictó el juez Mohammad Bemani, de la Sala 2 del Tribunal Revolucionario de Yazd.

El caso se conoce como «telecomunicaciones de Yazd». La información fue difundida por Iran International y por el grupo de derechos humanos HRANA.

En el mismo expediente, tres hombres recibieron 20 años de prisión cada uno. Se trata de Mehdi Rajabi, Mohammad Kargar y Mohini Makki. Cumplirán condena en exilio interno, en la cárcel de Zahedan, a más de 800 kilómetros de Yazd.

La denuncia más grave es el trato durante la detención. Según una fuente que habló con Iran International, agentes irrumpieron en su domicilio el 20 de febrero. Lo golpearon en la cabeza con la culata de un rifle. La herida requirió 20 puntos de sutura.

Después, según la misma fuente, sufrió nuevas golpizas en aislamiento. Perdió unos 30 kilos. Los agentes lo obligaron a confesar bajo amenazas contra sus familiares. Se le negó el acceso a un abogado durante todo el proceso.

Fakhrabadi era licenciado en educación física. Fue campeón de hanmadang y ganó una medalla de oro en la Copa Kukkiwon, en Corea del Sur.

El miércoles, el Comité de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU aprobó un proyecto de resolución. Condena la represión de las protestas de enero. Reclama el cese de todas las ejecuciones, con miras a abolir la pena de muerte.

En desarrollo.

Lectura editorial: el caso expone el costo humano de un aparato estatal que castiga la disidencia con la fuerza. Para el lector que valora la libertad individual, la pregunta de fondo es simple. Una confesión obtenida por tortura y amenazas no es prueba. Es coacción del Estado contra un ciudadano sin abogado.

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