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Fiscalía pone en la mira a Zaliasnik y él ficha defensa para la causa judicial

El embajador quedó con calidad de imputado en la indagatoria por nombramientos judiciales. Su defensa dice que no corresponde a una decisión del Ministerio Público, sino a una consecuencia procesal.
martes 6 de octubre de 2026 · 19:37 UTC

Confirmado. Gabriel Zaliasnik quedó con calidad de imputado en la causa por nombramientos judiciales. La fiscal Claudia Perivancich lo dijo este martes en la Corte de Santiago.

La persecutora respondió a la prensa después de su alegato en la nulidad del caso SQM. Dijo: «Es conocido que tiene la calidad de imputado, pero esas causas no están formalizadas».

La información llegó mientras crecían las dudas sobre su situación procesal. El CDE lo excluyó de su querella. Eso también descartó la calidad de querellado.

Según quienes conocen la causa, Zaliasnik dejó firmado un patrocinio y poder antes de partir a Israel. Así activó su defensa y fichó al abogado penalista Jorge Gálvez.

Gálvez dijo que la calidad de imputado «no corresponde a una decisión del Ministerio Público sino a una consecuencia legal procesal». Atribuyó esa condición a la denuncia hecha por el diputado Manoucheri y la senadora Ciccardini.

También pidió «informar con responsabilidad» y distinguir el carácter político de algunas declaraciones de terceros. Añadió que en las declaraciones judiciales de Hermosilla no existe «ningún antecedente diferente a los ya conocidos por el Ministerio Público desde hace más de dos años».

La causa no solo mira su rol en nombramientos judiciales. También revisa su papel como defensor del exgeneral director de Carabineros Mario Rozas.

Ahí aparece otro flanco sensible. La Fiscalía indaga un eventual fraude al Fisco con recursos de Enap. El punto está en el pago de esa defensa.

Quienes supieron del caso comentan que fue financiada por la Fundación Nos Importan. También sostienen que habría facturas que lo comprobarían. Pulso Global no puede afirmarlo más allá de lo dicho en las fuentes.

El caso vuelve a mostrar el costo institucional de las redes de favores y de la opacidad. Cuando la justicia entra en la política y la burocracia se mezclan, el contribuyente termina mirando de lejos.

Lo que está en juego no es solo una disputa procesal. También lo está la confianza en un sistema donde cada nombramiento y cada peso público deben quedar bajo control estricto.

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