COLOMBIA (Pulso) — Confirmado. El presidente Abelardo de la Espriella calificó al Gobierno de Gustavo Petro como «una empresa criminal».
De la Espriella pidió a la justicia de Estados Unidos que actúe contra el exmandatario. Según él, hay competencia de ese país «para investigarlo, procesarlo y ojalá encarcelarlo», porque «se transgredieron leyes y disposiciones internacionales».
El mandatario acusó a funcionarios de la administración anterior de «apropiarse de los recursos públicos». Dijo que «deben responder por sus actos, influencias en la política colombiana, cargos o fortunas».
En su llamado directo a Washington, pidió que las investigaciones por corrupción, narcotráfico o cualquier otra conducta delictiva «avancen con todo rigor». También pidió «que se conozca toda la verdad».
En desarrollo. El mensaje llegó en medio de las marchas de la oposición de este 19 de noviembre. El presidente también se dirigió al senador Iván Cepeda y a Petro. Les pidió marchar pacíficamente y cuestionar sus decisiones. «Atáquenme, insúltenme, pero respeten la democracia», dijo.
De la Espriella advirtió que defenderá el orden constitucional «con la razón y con toda la fuerza legítima». Afirmó que las armas de la República están al servicio de la Nación. Según él, el Gobierno garantiza la protesta pacífica, pero no permitirá que «la violencia, el vandalismo y los bloqueos se impongan sobre los derechos de millones de ciudadanos».
La frase sobre defender el orden «por la razón o por la fuerza» la ha repetido desde su campaña presidencial.
Lo que se sabe: el presidente acusa al gobierno anterior de corrupción y pide a un tercer país que intervenga judicialmente. Esas acusaciones son suyas; no hay en el mensaje una resolución judicial que las confirme.
Lectura editorial: para el contribuyente, el punto central es el uso de recursos públicos, y ese es el terreno en el que la línea de Pulso Global pone el foco. Un presidente que pide a una justicia extranjera perseguir a su antecesor abre un precedente de soberanía que conviene vigilar. Orden institucional y propiedad de los fondos públicos son los principios en juego.
La pregunta de fondo es si la justicia colombiana y las instituciones de control son capaces de responder sin depender de Washington.



